En el 2015 se aprobó en España la ley de segunda oportunidad (Ley 25/2015) con el objetivo de exonerar deudas tanto a autónomos como familias. Hasta el momento solo era posible exonerar la deuda a empresas en quiebra a través de procesos concursales. Sin embargo, el Gobierno, ante el elevado volumen de deuda, promovió esta ley con el fin de dar una segunda oportunidad a aquellas personas que no podían hacer frente al elevado volumen de deuda teniendo en cuenta sus recursos económicos. La deuda que se condona es aquella relacionada con entidades financieras u otros entes privados, pero nunca se condona la deuda con Hacienda o la Seguridad Social.

Para poder acogerse a esta ley es necesario el cumplimiento de una serie de requisitos tales como probar que el ciudadano no tiene ni dinero ni otros activos para poder hacer frente a sus deudas y demostrar que ha habido «buena fe» en sus actuaciones. Como «buena fe» se entiende que previamente ha intentado negociar con sus acreedores, que no ha provocado la situación, que no se ha acogido a esta ley en los 10 años previos, que no ha cometido delito económico y que no ha rechazado un trabajo adecuado a su perfil.

Este tipo de ley no es nueva y se han aplicado leyes similares también en otros países de Europa y en Estados Unidos. A pesar de la creación de estas leyes, los niveles de deuda de las familias siguen siendo preocupantes. El Banco de España ha publicado recientemente el porcentaje de ahorro de las familias, siendo este de un 4,85% de su renta disponible, es decir, inferior al 5% de la renta neta que ingresan después de pagar impuestos . Si el porcentaje óptimo de endeudamiento que se recomienda está entre el 30% y 35%, es preocupante esta baja tasa de ahorro, indicando de nuevo que sería muy difícil para las familias hacer frente a una nueva crisis, a pesar de haberse aprobado una ley de segunda oportunidad.

Pero ¿qué hay detrás de esta tasa de ahorro tan baja? En primer lugar un volumen de deuda de las familias más elevado, que combinado con el hecho de salarios bajos, un elevado peso del coste del inmueble y los suministros, y una sociedad cada vez más consumista y muy orientada en el corto plazo, hace difícil determinar la «buena fe» del ciudadano para condonar la deuda. Si el ciudadano no tiene las herramientas o los conocimientos para una buena gestión económica de sus recursos financieros, puede ser difícil demostrar la «buena fe» del ciudadano con el fin de acogerse a esta ley. Y en caso de que la deuda se exonere, el ciudadano no sabe qué comportamientos debe evitar para repetir de nuevo situaciones similares. Sin embargo, sus acreedores dejan de recibir la deuda contraída sin que nadie se haga cargo de estas pérdidas.

Pero lo que sí está claro es que el nivel de conocimiento financiero de la sociedad es muy bajo y que España se sitúa por debajo de la media de los países de la OCDE. Así pues, una solución más eficiente sería que el Gobierno destinara recursos a educar financieramente a la sociedad para que el comportamiento financiero de los ciudadanos fuera más óptimo sin necesidad de llegar a unos volúmenes de deuda tan elevados y haciendo más fácil demostrar su «buena fe». Si bien, también se necesitan más medidas sociales para ayudar a aquellas familias más pobres que no pueden hacer frente al coste del alquiler y los suministros.

Fuente: El Periodico